"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Unión Europea
Plantean a la Unión Europea que garantice la prestación de servicios públicos de interés general por parte de las entidades de iniciativa social
21/10/2013
El CERMI y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, en sus siglas en inglés) están desplegando una intensa campaña de incidencia política ante el Parlamento, la Comisión Europea y los Estados miembro de la Unión Europea para que en la regulación europea sobre contratación pública, en proceso de revisión en estos momentos, quede garantizada la prestación de servicios públicos por parte de las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, entre ellas las de la discapacidad.
La Unión Europea se halla inmersa en estos meses en la modificación de las Directivas sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, que datan de 2004.
La reforma se enmarca en la Estrategia Europa 2020, y tiene como objetivos prioritarios incrementar la eficiencia del gasto público para garantizar los mejores resultados posibles de la contratación en términos de relación calidad/precio, así como permitir que los compradores utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.
Aprovechando este cambio normativo, la representación de la discapacidad española y europea ha planteado distintas propuestas para que la futura regulación incluya expresamente cláusulas que favorezcan los objetivos de inclusión social de los grupos ciudadanos más vulnerables, como son las personas con discapacidad.
Por una parte, se propone que se permita la reserva de contratos públicos a favor de empresas de iniciativa social dirigidas a promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, como en España es el caso de los centros especiales de empleo, de modo que se favorezca su sostenibilidad y su crecimiento.
Además, el CERMI y el EDF reclaman a las distintas instancias comunitarias que la nueva normativa garantice el papel de las entidades no lucrativas de iniciativa social en la gestión de servicios públicos de interés general, como son los sociales, educativos, sanitarios, comunitarios, etc., ya que constituyen una herramienta muy poderosa para promover en condiciones de eficacia y eficiencia la inclusión y el bienestar sociales.
